Cambios significativos en la contabilización de los arrendamientos

El pasado 13 de enero de 2016, el International Accounting Standards Board (IASB), organismo emisor de normas internacionales de contabilidad, publicó una nueva norma referida a la contabilización de los arrendamientos. Esta nueva norma, denominada NIIF 16, sustituirá  la actual  NIC 17, a partir del 1 de enero de 2019 y presenta novedades significativas.

A grandes rasgos, esta nueva normativa implicará que en la contabilización de los arrendamientos, las empresas arrendatarias tengan que registrar un activo por el derecho de uso del bien y un pasivo para la deuda derivada de la obligación de pago de las cuotas futuras del alquiler.

De esta manera, se elimina la diferenciación entre el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero que se establece en la normativa contable actual y las empresas tendrán que reconocer en el balance todos sus contratos de arrendamiento. Hasta ahora, solo estaban obligadas a reconocer en el balance los considerados como arrendamientos financieros.

El pasivo se reconocerá por el valor actual de los pagos futuros del arrendamiento, descontados al tipo de interés implícito del arrendamiento. Dentro de estos pagos futuros no se incluirán aquellos pagos que sean variables y que no dependan de un índice (como el IPC) o de un tipo (como el Euribor). Por otro lado, el activo se valorará por el importe inicial del pasivo más cualquier pago realizado con anterioridad al inicio del contrato, los costes incurridos por el arrendatario y la estimación de los costes de desmantelamiento y retirada del activo.

De esta manera, el gasto derivado de los contratos de arrendamiento operativo no será lineal como hasta ahora. A pesar de que el gasto de amortización del activo sí que lo será, los intereses derivados del pasivo registrado normalmente serán decrecientes.

Obviamente, estos cambios tendrán un efecto significativo en los balances de las empresas. Los activos y pasivos se incrementarán y, en consecuencia, algunos indicadores y ratios utilizados por analistas e inversores se verán afectados por el cambio. Las empresas parecerán más endeudadas que hasta ahora, y la rentabilidad que las empresas obtienen de sus activos, aparentemente, disminuirá.  

A la vez, el análisis de resultados de las empresas también se verá afectado por el cambio de tratamiento contable. Así, con la nueva normativa, los gastos de arrendamiento quedaran imputados en los epígrafes de amortización y gastos financieros, y, por lo tanto, el indicador EBITDA de estas empresas mejorará.

Ante estas implicaciones, es probable que la aplicación a partir del ejercicio 2019 de esta normativa afecte a las negociaciones de los contratos de arrendamiento. Así, el hecho de que cuanto menor sea el plazo de arrendamiento acordado, menor será el pasivo a reconocer, puede hacer que los plazos de arrendamiento tiendan a acortarse. De la misma manera, puesto que lo pagos variables no se tienen en cuenta en los cálculos iniciales del activo y del pasivo, es probable que estos pasen a ser más habituales que hasta ahora.

En definitiva, es necesario que todas las empresas evalúen las implicaciones en sus estados financieros derivadas de esta nueva normativa y que actúen en  consecuencia. El hecho de que la norma no entre en vigor hasta el ejercicio 2019 da cierto margen para analizar en qué situación nos encontramos y qué decisiones debemos tomar al respeto.